El Lava Jato en el Perú

El Lava Jato en el Perú

Aunque la operación Lava Jato de la policía de Brasil recién empieza a salpicar en el Perú, sus repercusiones ya se sienten en la política nacional y el manto de sospecha se extiende sobre toda la clase política. A la pregunta sobre qué gobiernos habrían sido corrompidos por las empresas brasileñas acusadas de malas prácticas, la relación la encabeza el gobierno de Alan García (65%), seguido de los gobiernos de Alejandro Toledo (55%) y Ollanta Humala (42%). Las sospechas vienen a sumarse a las acusaciones de corrupción que afectan a estos y otros líderes políticos con el resultado de un descrédito generalizado tanto del gobierno actual como de sus opositores.

Este descrédito se aprecia cuando se pregunta por el conocimiento y credibilidad de las investigaciones en contra de diversos políticos. El conocimiento declarado es elevado y la percepción de culpabilidad muy alta para Toledo (87%), García (79%), Heredia (77%) y Urresti (63%) pero también para Keiko Fujimori (60%) y Pedro Pablo Kuczynski (47%), ninguno de los cuales tiene actualmente una investigación en curso ni en el Congreso de la República ni en la Fiscalía.

La consecuencia política inmediata de esta situación se percibe con claridad en las preguntas sobre aprobación de la gestión de los diferentes líderes políticos. Como se sabe, la aprobación del presidente Humala (17%) es una de las más bajas de América Latina pero la de los demás líderes políticos nacionales no es mucho mejor y, lo que es más preocupante, todos han sufrido una caída este mes. Los mejor evaluados son Fujimori y PPK, con 37% de aprobación, sin embargo, ambos han perdido seis puntos porcentuales. Luego viene García, que baja de 25 a 21%, y Toledo, que cae de 27 a 18%, casi al nivel de Heredia, 17%, la dirigente política con menos aprobación popular.

El descrédito generalizado puede tener impacto en las próximas elecciones. Si la población desconfía en los principales líderes políticos y la campaña se centra en acusaciones mutuas por diversos delitos, se abre el espacio para que el electorado busque una nueva alternativa que ofrezca limpiar la política nacional de la corrupción. A su vez, si la operación Lava Jato u otras investigaciones en curso aportan algún hecho significativo en perjuicio de alguno de los presidenciables, al punto de llevarlo a retirar su candidatura, el panorama electoral podría cambiar dramáticamente.

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