Estudio de percepción hacia la minería ilegal
Los indicadores, recogidos hasta diciembre de 2024, es decir, incluso antes de las últimas muertes acontecidas en Pataz, La Libertad, muestran que el 81% de los peruanos creen que esta actividad ilícita tiene una influencia entre extremadamente alta, muy alta y moderada en el ámbito político. Peor aún, cuatro de cada cinco encuestados consideró que la minería ilegal es un delito (83%) que ha corrompido a congresistas y gobernadores regionales (82%), y que, por ende, es perjudicial para el Perú (80%). Números contundentes que reflejan la defensa que ha existido de ciertos sectores del Congreso para, por ejemplo, evitar la eliminación del Reinfo, que sigue vigente, convirtiéndose en una patente de corzo para los criminales disfrazados de mineros informales.
¿Y cómo ve la gente el panorama de cara al 2026? Pues 7 de cada 10 peruanos (71%) cree que es probable que la campaña electoral vigente esté financiada por la minería ilegal. Así es, candidatos presidenciales y parlamentarios pegando afiches y movilizando recursos para sus mítines gracias al dinero sucio. El futuro, en efecto, no es promisorio para la ciudadanía, ya que el 63% cree que es probable que nos convirtamos en un país controlado políticamente por las mafias de la minería ilegal. Todavía se le puede hacer frente a este flagelo; el primer paso es identificar la dimensión del problema, y la gran mayoría de peruanos lo ha conseguido.
A ELEGIR BIEN Esa última premisa es recogida por Carlos Ponce, director de Reputación Corporativa de Ipsos. En conversación con Perú21, dijo que “si queremos como país luchar contra las actividades delictivas, el inicio es contar con un consenso de cuál es esta actividad y hasta dónde llega su influencia. Es la primera vez que ponemos preguntas de este corte para identificar la percepción sobre la minería ilegal y es sorpresivo el consenso”. Sin embargo, hizo notar que las cifras son a nivel nacional. De hacer la proyección en zonas específicas donde la minería ilegal tiene una mayor preponderancia económica, “es posible que haya miradas distintas”.
El director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, también mencionó que lo positivo de la encuesta, dentro de todo, “es que la ciudadanía tiene conciencia del impacto negativo que representa la minería ilegal en el país, el vínculo que tiene con otras economías ilegales y su impacto en la inseguridad ciudadana”.
“Sería preocupante que la ciudadanía no tuviera la noción de que eso está generando serios problemas a la estabilidad democrática y a la seguridad del país. Se está interiorizando en la ciudadanía que hay un problema serio”, declaró a Perú21.
Zevallos afirmó que “esa lectura de la ciudadanía anticipa un escenario de alta preocupación para el país, ya que hemos visto en estos años la seguidilla de intentos de influenciar que ha tenido la minería ilegal a través de dirigentes, parlamentarios, tratando de incidir en la agenda parlamentaria. Lo que todo sugiere es que el enorme capital económico y humano que moviliza la minería ilegal va a tener mucha capacidad para influenciar no solo en las elecciones generales, sino también en las regionales y locales. Las economías ilegales han entendido que la política es un campo de acción muy importante para regular el control y la vigilancia de las actividades ilícitas”.
Ponce señaló que los indicadores de la encuesta concluyen que la ciudadanía estará “más alerta” sobre el tema, ya que es consciente de la vinculación con otros crímenes.
“Sin duda habrá un análisis más crítico cuando se evidencie la posible vinculación. Dudo de que la gente por sí misma lea más los planes de gobierno o se entere de cuáles son los financiamientos de cada candidato; pero, cuando lo sepa por los medios masivos o por una investigación periodística, sí tendrá una postura firme”.
Añadió que, como los políticos necesitan del voto popular para llegar al poder, y según los datos de esta encuesta hay una mayor conciencia sobre los perjuicios y el impacto de la minería ilegal, en las campañas electorales con miras al próximo año los postulantes a los cargos públicos “deberán ser más cuidadosos sobre de quiénes reciben financiamiento o con quiénes se juntan”. Aun así, dijo, habrá políticos que harán oídos sordos e “irán (a la lid) completamente financiados por esta actividad ilícita”.
Por su parte, Nicolás Zevallos explicó que “hay muchas localidades en el Perú donde estas actividades económicas ilegales son las principales, entonces es muy difícil que allí un dirigente no esté relacionado con la actividad económica ilegal”.
“Toda actividad ilegal grande, como la minería, el narcotráfico, vienen aparejadas de otros actores criminales que se nutren u ofrecen servicios a ella. El sicariato, la extorsión, la corrupción, el lavado de activos, robos, asaltos suelen ser parte de una constelación de actividades ilegales que vienen junto con esa locomotora llamada minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal o contrabando”, enfatizó.
Acotó que la conciencia de la ciudadanía sobre la mala influencia de la minería ilegal abre “un espacio de oportunidad importante para poder identificar propuestas y proyectos políticos que nos alejen de esa posibilidad. Lo bueno es que hay un nicho de conciencia muy relevante en la ciudadanía”.
FICHA TÉCNICA:
UNIVERSO: hombres y mujeres de 18 años a más, de todos los NSE a nivel nacional urbano y rural. METODOLOGÍA CUANTITATIVA con encuestas aplicadas en hogares, cara a cara con tablets. MUESTRA: 1,051 encuestas a nivel nacional en zonas urbanas y rurales, con un margen de error de +/-3.0%. TRABAJO DE CAMPO: del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2024.
