Por el diálogo o por la fuerza

“El gobierno debe aprovechar la oportunidad para dejar claro que el bloqueo de carreteras y la extorsión son delitos con consecuencias legales”.

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  • Alfredo Torres Country President
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Por el diálogo o por la fuerza

Una vez más, un conflicto social separa a los políticos y a la opinión pública. En un extremo, están quienes plantean restablecer el libre tránsito por la fuerza. En el otro, quienes respaldan a los sectores que protestan y reclaman que se ceda a sus pedidos. Al medio, la mayoría que pide que se resuelva el bloqueo mediante el diálogo. Veremos qué dicen las próximas encuestas sobre el caso de Las Bambas, pero en el 2015, en Tía María, la mano dura era reclamada por el 30% de la ciudadanía, ceder a las protestas era la posición del 16% y, al medio, 46% pedía resolver el conflicto con más diálogo.

Romper el bloqueo de una carretera por la fuerza no suele tener éxito. La muerte de cinco manifestantes en Cajamarca en julio del 2012 causó la renuncia del recientemente nombrado primer ministro Óscar Valdés, y que el proyecto Conga terminase enterrado. Antes de eso, el desbloqueo de la carretera de Bagua, en junio del 2009, había dejado el terrible saldo de 23 policías y 10 nativos fallecidos, además de un policía desaparecido (dicho sea de paso, Wikipedia tiene las cifras invertidas en su nota “Masacre en Bagua”). El resultado: la renuncia del entonces primer ministro Yehude Simon y la derogatoria del decreto legislativo de promoción forestal.

El derecho al libre tránsito está reconocido en el artículo 2 de la Constitución. A su vez, el Tribunal Constitucional ha señalado que la servidumbre de paso es una institución legal que garantiza el libre tránsito, así que los bloqueos de carreteras, como el de Fuerabamba, son un delito. La dificultad siempre ha radicado en restablecer el orden sin causar muertes. Cuando ello se logra, la mayor parte de la ciudadanía lo aplaude. Por ejemplo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, desalojó con ayuda de la Policía Nacional a más de mil comerciantes ambulantes de Gamarra y hoy es una estrella política en ascenso. Lo contrario ocurrió con la alcaldesa Susana Villarán en el desalojo de La Parada, donde hubo cuatro muertos.

Lo novedoso del caso de Las Bambas es que la Policía Nacional hizo un trabajo de inteligencia que le permitió al fiscal contra el crimen organizado de Abancay y Apurímac, Jafet Velásquez, ordenar la detención del presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, y de los hermanos Chávez Sotelo, acusados de extorsionar a la empresa MMG Las Bambas. La extorsión es un delito con una pena de cárcel de entre 10 y 15 años, así que es un asunto muy grave. Rojas fue liberado al colaborar con la justicia, aunque sigue con comparecencia restringida.

La comunidad de Nueva Fuerabamba vive en una pequeña ciudad modelo construida en el 2012, a dos kilómetros de la mina Las Bambas: los 440 comuneros que fueron desplazados para construir la mina recibieron la nueva ciudad y pactaron también una compensación económica. Lo que pocos saben es que el bloqueo se ha producido en el fundo Yavi Yavi, a 123 kilómetros de Fuerabamba. Evidentemente, la polvareda que levantan los camiones no afecta a la población. El fundo fue entregado a la comunidad por la minera en el 2011, asegurándose contractualmente el derecho de paso. Posteriormente, la ruta fue elevada a vía nacional a pedido de las autoridades locales. Es decir, la vía es del Estado, no de la mina ni de los propietarios del fundo Yavi Yavi.

Como suele ocurrir cada vez que hay un conflicto social, un sector de la ciudadanía simpatiza con los comuneros. Lo malo es que no siempre se informan debidamente. Por ejemplo, pocos saben que el anterior vicepresidente de la comunidad, Obispo Huamaní, y otros 120 comuneros fueron expulsados de la comunidad y amenazados de muerte por la “traición” de brindar servicios a la minera. O se soslaya el impacto de la paralización en la economía nacional y local, así como en la reducción de impuestos y regalías. En este caso, los perjudicados son el gobierno regional y 84 municipalidades. O se observa solo los rostros de los centenares de comuneros que bloquean el camino y no de los miles de trabajadores afectados. En el caso de Las Bambas, son ocho mil los trabajadores cuyos derechos han sido vulnerados por el bloqueo.

Evidentemente, la gran mayoría queremos que este conflicto se solucione por la vía del diálogo y que el uso de la fuerza policial sea el último recurso. Por eso, la intervención de la Conferencia Episcopal ha sido bien recibida. Lo que todos debemos tener presente es que pocas veces ha habido un caso de extorsión tan evidente como este. Y el gobierno debe aprovechar la oportunidad para dejar claro que el bloqueo de carreteras y la extorsión son delitos con consecuencias legales. Solo si los responsables intelectuales y materiales de estos hechos pagan sus delitos con prisión, se reducirá el riesgo de que se repitan en el futuro estas acciones que tanto daño causan al Perú.

El Comercio, 31 de marzo del 2019.p.A33

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  • Alfredo Torres Country President

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