El 85% cree que la presidenta Boluarte protegerá a su hermano Nicanor

Resultados de la encuesta Perú 21- Ipsos de noviembre 2024

25.11.24

La ciudadanía la tiene clara. Según se desprende de la encuesta de Ipsos que publica hoy Perú21, el 85% del país considera que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte protegerá a su hermano Nicanor, prófugo de la justicia, sobre quien pesa una prisión preventiva de 36 meses por el caso Waykis en la Sombra.Solo un 9% considera que la administración gubernamental no intervendrá en el proceso de búsqueda y captura del hermanísimo, acusado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) de cometer los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

¿A qué se debe tan bajo nivel de confianza hacia la integridad de la mandataria? Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de Ipsos Perú, declaró a este diario que esta “es una demostración, una vez más, del descrédito que tiene el Gobierno, de la poca credibilidad y la poca eficiencia que se le atribuye a la presidenta. Fíjate a Vladimir Cerrón, tanto tiempo prófugo, y ahora también el hermano. La población no cree que ella va a colaborar con la justicia o que no será partícipe de un encubrimiento”.

Añadió que ve “muy difícil” que pueda revertir esta imagen “tan negativa” debido a que, además, “tiene una popularidad bajísima”. Para ello, sostuvo, “tendría que capturar a Cerrón, tendría que aparecer Nicanor Boluarte… Eso podría ayudarla, pero es dificilísimo. Debe demostrar con hechos que da un giro completamente fuerte sobre estos casos, pero lo dudo”.

cuadro nicanor

SOBRE EL REINFO
La encuesta de Ipsos también ofrece indicadores respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El 74% de quienes lo conocen o han escuchado sobre él —un tercio del país— considera que este mecanismo debe ser eliminado y reemplazado por otro que sí promueva la formalización.

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, dijo a Perú21 que estos números son “contundentes” y “ratifican lo que todos sabemos”: de que el Reinfo “se convierte en el gatillo disparador de la actividad delictiva criminal ligada al narcotráfico, a la trata de personas, al lavado de dinero”.

Sostuvo que a la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien tiene un porcentaje de aprobación ínfimo en la ciudadanía, “le es muy difícil ser más clara, directa y contundente” con el proyecto de Ley MAPE, que “deja ambigüedades para que el Congreso las defina, y hay congresistas pagados por la minería ilegal”.

“En los 22 años que se ha ido ‘gestionando la formalización’, se ha perfeccionado la delincuencia, se han sacado dispositivos legales como el Reinfo, que libera de responsabilidades civiles y penales de cualquier delito ligado a la operación de la minería ilegal. Eso la Policía no lo puede combatir porque los fiscales dicen: ‘Ah, no, tiene Reinfo; no hay problema’. A los mineros no les importa la Ley Mape; quieren mantener el Reinfo tal cual está”, culminó.

Por su parte, el analista político Iván Arenas señaló a Perú21 que “hay un alto porcentaje de quienes conocen el tema que tienen una percepción negativa a nivel nacional”.

“Las personas tienen conocimiento de la laxitud del Reinfo como un instrumento para la ilegalidad y creo que hay una percepción negativa sobre su ampliación. Es por eso que el Congreso no quiere debatir la ampliación y le quiere echar la culpa al ministro Rómulo Mucho. El Congreso está en potestad de ampliar el Reinfo, pero lo quiere culpar a él”, manifestó.

Arenas sostuvo que “para nadie es un secreto que algunos congresistas responden a bloques de intereses ilegales e informales”.

Finalmente, dijo que “el Estado no tiene estrategia para combatir la minería ilegal porque esta debe pasar por el Ministerio del Interior. El Ministerio de Energía y Minas debe ver la formalización, pero la minería ilegal, que es un delito, es responsabilidad directa del sector Interior”.

Como se sabe, Fuerza Popular presentó el viernes una moción de censura contra el ministro Mucho por su “falta de capacidad y grave negligencia en la gestión” de su cartera.

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